ACLU-MN demanda a la Prisión Federal de Mujeres por el manejo del COVID-19

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    Cuando la prisión llevó a Aaryana al hospital, su nivel de oxígeno era de 74 y el médico le dijo: “Amiga mía, tengo que paralizarte y ponerte un ventilador o te vas a morir”. Aaryana pasó 10 días en el hospital. Cuando regresó a Waseca, tuvo que dormir en el suelo. Dos meses después, sigue enferma.

    Su situación en la Institución Correccional Federal de baja seguridad en Waseca, donde COVID-19 se ha extendido como la pólvora, era completamente evitable. Una prueba positiva en agosto llevó a 439 reclusos a contraer el virus en solo tres meses, un asombroso 70% de los reclusos. Eso es según una demanda presentada por la ACLU de Minnesota y Ballard Spahr LLP el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Minnesota.

    La demanda alega que el director de la prisión de Waseca M. Starr y el director de la Oficina Federal de Prisiones, Michael Carvajal, se niegan a liberar a personas médicamente vulnerables con afecciones que incluyen enfermedades autoinmunes, diabetes, asma, hipertensión y obesidad para garantizar su seguridad contra el COVID-19, que disminuiría la población carcelaria y posibilitaría el distanciamiento social. Tampoco brindan atención médica o saneamiento adecuados.

    “La Oficina de Prisiones no ha respondido de manera significativa a la pandemia, lo que ha provocado brotes incontrolados en varias instalaciones, incluida FCI-Waseca”, dijo la abogada del personal de ACLU-MN, Clare Diegel. “Negarse a liberar a las personas médicamente vulnerables que corren el mayor riesgo de contraer COVID-19 y, en cambio, meterlas en literas separadas por unos pocos pies, no es una forma de manejar un virus altamente infeccioso y mortal. La Oficina de Prisiones no actúa con sentido común ni con humanidad”.

    La demanda busca órdenes de emergencia que requieran: el traslado inmediato de las personas más vulnerables desde el punto de vista médico al confinamiento domiciliario; implementación inmediata de medidas de distanciamiento social e higiene; y atención médica adecuada para quienes aún sufren de COVID-19 incluso después de que la BOP los haya declarado “recuperados”.

    “Las circunstancias en las que han sido colocadas estas personas son una parodia de cómo una prisión debe tratar a sus reclusos. Necesitamos acción inmediata para rectificar esta situación deplorable y evitar que esta situación vuelva a surgir”, dijo Wally Hilke, quien es parte del equipo pro bono en Ballard Spahr con los abogados Jonathan M. Bye, Leita Walker y Daniel C. Fanaselle.

    “Muchos de los prisioneros vulnerables en Waseca están cumpliendo sentencias que no recibirían hoy en ningún sistema de sentencias humanitarias”, dijo la profesora JaneAnne Murray, directora del Proyecto de Clemencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, cuyos estudiantes ayudaron en la investigación de esta demanda. “La BOP tuvo la oportunidad de liberar a una gran parte de ellos en el confinamiento domiciliario y no lo hizo. Con suerte, además de la acción global que busca la ACLU, esta demanda hace que los jueces usen su poder para otorgar a los prisioneros una liberación compasiva”.

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